El hincha en el fútbol moderno parece haber sucumbido al exitismo desmedido; a un cortoplacismo que nubla la razón y altera las prioridades. La reciente salida de Francisco “Paqui” Meneghini de la banca azul es una clara muestra de esto. Ante la ausencia de resultados positivos y la alta demanda de una hinchada sedienta de títulos, el proceso de Meneghini duró apenas dos meses. Los malos resultados y una estrategia de juego que parecía no tener respuestas ante la “urgencia” de enmendar el rumbo terminaron por sepultar su paso por la U. de Chile.

La salida de Meneghini parece lógica en un contexto profesional, más aún cuando estás al frente de un equipo grande: el resultado manda. Sin embargo, esta necesidad casi biológica de obtener réditos rápidos en la vorágine de la competencia se impone a la posibilidad de una mirada crítica y reflexiva: los árboles no dejan ver el bosque.

Esta decisión no solo desnuda un mal inicio de temporada en lo deportivo, sino que también deja en evidencia la incapacidad de Azul Azul para gestionar un proyecto deportivo sostenible que aporte al desarrollo institucional. Los datos son desoladores: considerando solamente la variable del director técnico, en los últimos cinco años han pasado diez cuerpos técnicos por el club. Es decir, en promedio, un estratega no dura más de seis meses en el cargo, cifra que incluso está “maquillada” por la permanencia de dos años de Gustavo Álvarez en el club, por lo que hay casos (como el de Meneghini)  en que la permanencia fue menor a la media. ¿Qué proyecto serio se puede sostener de esta forma?. La respuesta es: ninguno. Es decir, no existe proyecto deportivo ni de desarrollo institucional, por lo que todo indica que la contingencia actual se volverá a repetir y lo coyuntural seguirá socavando lo institucional.

Esta fragilidad institucional pone al hincha en una encrucijada ética: ¿seguirá siendo el fiscalizador del éxito del fin de semana o despertará y asumirá su rol como defensor de la historia del Club? Al solo exigir soluciones de corto plazo, el hincha termina siendo funcional a la lógica de quienes administran el club, (claramente lejanas a las lógicas de un Club Deportivo), validando un modelo que consume técnicos pero que no construye ni respeta los valores del Club. Si los hinchas no exigen procesos por sobre soluciones cosméticas, corre el riesgo de convertirse en el cómplice involuntario de la destrucción de su propia identidad.

Por Jorge Tapia: es Sociólogo y miembro de la Agrupación de Socias y Socios Corfuch, socio CORFUCH N°500

*Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de la Agrupación de Socias y Socios CORFUCH

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La crisis actual no es solo un problema de personas, sino de diseño. Y cuando el diseño falla, alguien debe asumir la responsabilidad de corregirlo. En el caso de la Universidad de Chile y su club de fútbol, ese actor existe y tiene una llave maestra. La pregunta es si estará dispuesta a usarla.

Los hinchas de Universidad de Chile hoy somos testigos de un cuadro institucional alarmante.

En el último tiempo, la reputación del club ha quedado expuesta por múltiples motivos. Causas penales, civiles y sanciones administrativas que involucran al presidente de Azul Azul S.A., Michael Clark Varela, en el contexto del caso Sartor. A esto se suman graves incidentes de violencia protagonizados por una minoría de “hinchas” que están incrustados en parte de la hinchada. Estos fenómenos, aunque distintos, revelan una misma fragilidad estructural: un modelo de gobierno sin legitimidad social ni controles efectivos.

La crisis no se limita a hechos aislados. Es la consecuencia de un mal diseño institucional que ha normalizado la opacidad en la propiedad, ha excluido sistemáticamente a los hinchas de cualquier forma de participación, ha expuesto reiteradamente el nombre de la Casa de Bello a un daño reputacional innecesario y ha dejado secuestrado al club y a sus verdaderos hinchas al comportamiento vandálico de unos pocos.

Sin embargo, en medio de este escenario crítico, se abren también oportunidades que no deberían ser desaprovechadas.

Por una parte, la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales busca corregir vicios largamente denunciados: la falta de transparencia en la propiedad de los clubes, la concentración accionaria y la influencia indebida en los clubes por parte de representantes de jugadores. Por otra, la reciente reactivación de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (CORFUCH), con autorización del Ministerio de Justicia, restituye un actor clave: la entidad propietaria de los derechos federativos del club, hoy concesionados a Azul Azul por un plazo definido.

A este cuadro se suma el reciente pronunciamiento del Senado Universitario, que ha solicitado explícitamente la renuncia del presidente de la concesionaria y ha instado a las autoridades superiores de la Universidad a revisar las condiciones bajo las cuales se autoriza el uso de su nombre, símbolos y emblemas. No se trata de una intromisión antojadiza, sino de una señal política e institucional de primera magnitud.

La Universidad de Chile no puede seguir observando este proceso como un mero espectador. Respetando su institucionalidad, está llamada a debatir con seriedad qué proyecto deportivo de su Club de Fútbol considera compatible con sus valores fundamentales: participación, democracia, ética, transparencia y vocación pública. El modelo actual ha demostrado ser incompatible con esos principios y funcional a una lógica que permite el control del Club sin contrapesos ni legitimación social.

En este contexto, la Universidad tiene la llave para destrabar la crisis. Debe asumir un rol activo y liderar una negociación entre los distintos actores involucrados, orientada a construir un nuevo modelo institucional del club de fútbol. Si bien el convenio vigente contempla la posibilidad de arbitraje, avanzar por esa vía solo aumentaría la incertidumbre y el deterioro institucional. Anticiparse y buscar un acuerdo es una opción política e institucionalmente superior.

Ese acuerdo debiera considerar, al menos, tres elementos: un mecanismo efectivo de resguardo institucional —como un derecho a veto respecto de los directores de la concesionaria—; la incorporación de la CORFUCH al gobierno corporativo, como expresión mínima de participación de los hinchas; y la continuidad de la participación privada en la administración del club, pero bajo un esquema balanceado, transparente y coherente con los valores de la Universidad de Chile.

La crisis actual no es solo un problema de personas, sino de diseño. Y cuando el diseño falla, alguien debe asumir la responsabilidad de corregirlo. En el caso de la Universidad de Chile y su club de fútbol, ese actor existe y tiene una llave maestra. La pregunta es si estará dispuesta a usarla.

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Por Carlos Budnevich Portales: es Profesor, Facultad de Gobierno Universidad de Chile, ex representante estudiantil en Consejo Azul, socio CORFUCH N°137

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La resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP que sanciona con un partido de prohibición de ingreso a 3.327 personas que asistieron a la galería norte del Estadio Santa Laura en el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido plantea una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿puede una organización privada castigar indiscriminadamente a personas que no han sido individualizadas, oídas ni juzgadas?

La respuesta, desde cualquier estándar jurídico mínimamente serio, es no.

El Tribunal de Disciplina sanciona a una “fracción de la parcialidad” por la instalación de lienzos no autorizados, interrupciones del partido y uso reiterado de pirotecnia. Los hechos, en abstracto, pueden ser reprochables. El problema no está en la descripción de las conductas, sino en a quiénes se castiga y cómo.

La resolución no identifica responsables. No distingue autores, partícipes ni siquiera testigos. No acredita que los 3.327 asistentes hayan tenido intervención alguna en los hechos sancionados. No existe imputación individual, procedimiento contradictorio ni posibilidad de defensa. El castigo se funda exclusivamente en una circunstancia material: haber estado sentado en un sector del estadio.

Eso tiene un nombre en el derecho: responsabilidad colectiva, una figura expresamente proscrita en cualquier sistema sancionatorio que se pretenda compatible con el Estado de Derecho.

La ANFP, aunque sea una corporación de derecho privado, no actúa en el vacío. Organiza espectáculos masivos, regula conductas, impone sanciones y afecta derechos concretos de personas determinadas. Cuando lo hace, no puede desprenderse de los principios básicos que rigen toda potestad sancionatoria: legalidad, proporcionalidad, racionalidad y debido proceso.

Castigar sin procedimiento equivale a sancionar por presunción. Y sancionar por presunción es invertir la carga básica del derecho: aquí no se exige probar la responsabilidad, basta con haber estado ahí. Esa lógica no resiste el menor análisis constitucional.

Además, la medida afecta directamente derechos patrimoniales. Muchos de los sancionados adquirieron entradas o abonos, celebraron un contrato de consumo y fueron privados de la prestación sin haber incumplido obligación alguna. La sanción no solo es arbitraria desde el punto de vista disciplinario, sino también problemática desde la óptica del derecho del consumidor.

El trasfondo es aún más preocupante. Este tipo de decisiones normaliza una idea peligrosa: que frente a fenómenos complejos —como la violencia en los estadios— la solución es sacrificar garantías individuales en nombre de la eficiencia o del orden. Esa es una tentación conocida en la historia jurídica, y siempre termina mal.

La violencia en el fútbol es un problema real. Combatirla es legítimo y necesario. Pero hacerlo castigando inocentes junto a culpables no solo es injusto: es ineficaz. Deslegitima las sanciones, erosiona la confianza y transforma al hincha común en un sujeto permanentemente sospechoso.

La ANFP puede sancionar clubes, dirigentes y jugadores conforme a sus estatutos. Pero cuando pretende sancionar a personas individuales —hinchas— sin identificarlas ni oírlas, cruza una línea que no le corresponde. El orden no se construye con arbitrariedad, y la seguridad no se logra renunciando a las garantías más elementales. En este caso, más que disciplina, lo que hubo fue un castigo colectivo impropio de un sistema que aspire a llamarse justo.

Con mucha fuerza cobra vigencia el viejo adagio, esta vez, pagarán justos por pecadores.

Por Roberto Rabi González es escritor, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Procesal y Penal,  investigador de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (ASIFUCH) y Socio N° 177 de la Corfuch.

Fuente: interferencia.cl

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